Todas las instituciones públicas deben ser expuestas a la crítica, pues la menor corrupción en cualquiera de ellas hace brotar y crecer como hongos el mal uso de sus atribuciones, autoridad, derechos y funciones, con mayor razón cuando la acción pérfida se ejecute en beneficio de un corporativo, una empresa o alguna persona con poder, en perjuicio del Estado y el interés general. En México son numerosos y continuos los casos en los que la Suprema Corte de Justicia, no solo contraría la ley y la ética, sino que ha llevado a la mayoría de la población a la pérdida de confianza en las resoluciones de este Tribunal que, constitucionalmente, encabeza el Poder Judicial de la Federación y tiene como función principal vigilar que las leyes y los actos de autoridad se apeguen a la Constitución sin vulnerar los derechos de las personas ni ir en contra de los intereses de la Nación.

La Suprema Corte hasta hace poco tiempo mantuvo altos niveles de aprobación hasta que se hizo público el lado oscuro de ministros, magistrados y jueces que descaradamente favorecieron a criminales, los ampararon y se opusieron a reformas que protegían los intereses estratégicos del país en beneficio de poderes fácticos, empresas y compañías extranjeras a los que sirven.

A de fin de argumentar y defender mis   afirmaciones, detallo las preguntas a las que doy respuesta, que seguramente son las mismas que se hacen millones de mexicanos: ¿Se ajustan las decisiones de ministros, magistrados y jueces a la tarea encomendada por la Constitución de actuar con absoluta independencia y sujetos a normas o han perdido autodeterminación con sus resoluciones? ¿Han perjudicado con sus arreglos subrepticios las funciones de los otros poderes y de los mexicanos? ¿Pretenden concentrar y ampliar sus facultades e imponerse a los otros poderes? ¿Ignoran acaso que prestarse a que los enemigos del país ataquen ideológica y políticamente la institucionalidad de la nación daña al pueblo de México? ¿Sabrán que están yendo contra del poder social y popular?

De acuerdo con la lógica del poder, el republicanismo consiste en el ejercicio compartido de tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al mismo tiempo, exige la participación democrática de los ciudadanos, en términos deliberativos, para opinar sobre la cosa pública;  cada uno con facultades específicas y la potencia de hacer lo que le corresponde sin lesionar a los otros; cuando esta proporción desaparece y uno quiere limitar a los otros, se desatan confrontaciones que, si no se hacen en bien de la Nación y sus habitantes, deben ser evitadas, pues de una guerra, sino no es una revolución popular, nadie sale ileso, solo resultarán daños recíprocos que como en nuestro caso, los cambios se buscan por la vía democrática.

En una democracia abierta, representativa y deliberativa, como la nuestra, los desacuerdos entre los poderes se resuelven a partir de iniciativas y corresponde al Judicial dar el primer paso en la búsqueda de la reconciliación y la vuelta a la normalidad. Ahora bien, si aceptamos el principio de que la justicia tiene carácter de intercambio, la primera acción ha de encaminarse a la intermediación con el otro y respetar los espacios que son suyos, si lo que se desea es el entendimiento.

En el actual conflicto entre el Poder Judicial, por un lado, el Ejecutivo y el Legislativo por el otro, es evidente que la debilidad no está en ninguna de las partes, aunque para la mayoría de los ciudadanos la razón la tiene el Ejecutivo; sin embargo, el afectado principal y el gran perdedor es el pueblo de México y este tiene derechos por encima de los tres poderes del Estado, por lo tanto a él habrá que escucharlo, no a los intelectuales orgánicos sin contacto con la realidad ni a los opinionistas “chayoteros” o hacer caso a los influencers que nada entienden o a quienes se expresan en redes sociales en fake news que a leguas se ve que no tienen idea de lo que dicen.

Esto es importante porque la sinrazón de los que apoyan a la Suprema Corte, a falta de argumentos y evidencias sólo son ejemplo de insensatez; de la misma manera la Suprema Corte, en su testarudez de querer doblegar al Ejecutivo, hace uso indebido de la ley, pues no la animan criterios de justicia, sino mecanismos que están en entredicho, porque se basan en “interpretaciones” de sujetos cuyos antecedentes jurídicos no son guiados por fines éticos, ya que, en muchos casos, el juzgador ha sido deshonesto,  corrupto y parcial, lo que vicia sus resoluciones.

La Suprema Corte, por ejemplo, falló contra la reforma energética y la del INE en forma coercitiva y neutralizante de las acciones legítimas del Legislativo para perjudicar al Ejecutivo. Lo que pone en entredicho la calificación del juzgador para interpretar la ley, al mismo tiempo que exhibe su intención premeditada de hacer valer la capacidad de decir “no”, que es expresión propia de un poder superior convencido de tener la fuerza suficiente, no emanada de la ley, para imponer sus decisiones y configurar la voluntad del otro. Esta muestra de suficiencia la vincula el sociólogo Niklas Luhmann con la sanción negativa, un método muy efectivo de poder muy rudimentario sobre el que tarde que temprano caerá el castigo público que lo convertirá en el perdedor de la evolución social.

Ahora bien ¿A qué lógica, que no es la del Derecho y la ley, recurre la Suprema Corte para imponer su voluntad?  ¿De dónde procede y a qué obedece? En este punto es necesario hacer un poco de historia: A raíz del triunfo de la Revolución Cubana, Estados Unidos creó la Alianza para el Progreso, un programa de ayuda económica, política y social para América Latina a propuesta del presidente John F. Kennedy en 1961 por 20 mil millones de dólares con el objetivo de evitar el mal ejemplo de Cuba.

La iniciativa no progresó y terminó en fracaso; por las condiciones, necesidades internas de cada país y el ejemplo cubano surgieron grupos guerrilleros como expresión de esas inconformidades sociales; los insurgentes fueron reprimidos, criminalizados, asesinados y perseguidos hasta su exterminio; pero también se eliminaron mediante golpes de Estado, encabezados por militares, gobiernos electos democráticamente en Brasil (64 y 68, un golpe de Estado dentro de otro golpe), Dominicana (65), Bolivia (71), Uruguay (73) y Chile (73) contra un gobernante socialista democráticamente electo, Salvador Allende; acción justificada, según Henry Kissinger, por la “irresponsabilidad” del pueblo chileno de elegir a un socialista; por lo que Estados Unidos no veía la necesidad de quedarse a esperar y observar cómo otro país latinoamericano se volvía comunista. La política represiva, criminal, totalitaria, autoritaria, antidemocrática y de extrema derecha de los militares obligó a Norteamérica a cambiar su estrategia de dominación y echó mano de un fenómeno en expansión que se practicaba internacionalmente y que constituía un claro desafío a la democracia; substituyó su política de guerra directa por una de baja intensidad, pero que continuaba afectando las condiciones materiales de vida de los pueblos. La nueva   política “por otros medios”, sin embargo, sólo   agregó a los sufrimientos anteriores la percepción de que los problemas carecen de solución si no retiran su apoyo a gobiernos progresistas o de izquierda que “prometen” defender sus intereses; este recurso propio de la guerra psicológica desmoralizó a las masas que se refugiaron en la apatía, la indolencia que llevó a la elección de gobiernos de derecha que más tarde propiciaron el advenimiento del neoliberalismo.

Esta nueva lógica del poder ha descansado, desde entonces, en la custodia del Poder Judicial que se conoce como lawfare, una guerra judicial en los tribunales en la que el Derecho es utilizado por el poder, valiéndose del jurista, como arma de guerra. Si antes de la aparición de esta figura el derecho y la ley eran utilizados para la resolución de los conflictos en forma pacífica y fortalecer cambios sociales en favor de la equidad y el bienestar de los más desvalidos; el lawfare se usa en los procesos legales para bloquear, inmovilizar o destruir políticamente al Estado benefactor, así como destituir o inhabilitar a quienes ocupan o aspiran a cargos públicos; ejemplos: Brasil, contra Vilma Rousseff y Lula da Silva; Ecuador, contra Rafael Correa; Bolivia contra Evo Morales; Perú, contra Pedro Castillo; México, contra Andrés López Obrador; Honduras, contra Xiomara Castro y Guatemala, intento en marcha contra el Presidente electo Juan José Arévalo.

Es obvio que en México en el momento presente  la derecha neoliberal  carece de aprobación social al optar por las élites, el capital y los intereses externos, sin embargo, ha logrado, con la complicidad del sistema jurídico, poner en marcha  el lawfare para abrirse paso a la recuperación del gobierno; con base en esta nueva “lógica” del poder el Frente Amplio persevera en su intento ayudado por el Poder Judicial recurriendo a prohibiciones, amparos y a medidas coercitivas, al mismo tiempo que los medios de comunicación, prensa, Radio, Televisión y redes sociales difunden entre la ciudadanías la falsa creencia de que el Poder Judicial solo esta cumpliendo su función cuando, por lo contrario, alimenta las confrontaciones violentas con el propósito de  trastocar la voluntad del pueblo en favor de grupos de intereses. Lo grave es que el Poder Judicial al operar como instrumento en esta guerra pierde su sustancia y su esencia, es decir, su atributo fundamental: hacer justicia natura naturans (Spinoza), esa fuerza creadora que reconoce en el pueblo su poder constituyente originario y opta por una sola justicia para todos y que no debe ser usada en favor de los poderosos.

Melvin Cantarell Gamboa

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Nació en Campeche, Campeche, en 1940. Estudió Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es excatedrático universitario (Universidad Iberoamericana y Universidad Autónoma de Sinaloa). También es autor de dos textos sobre Ética. Es exdirector de Programas de Radio y TV. Actualmente radica en Mazatlán, Sinaloa.

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